Profesor Patricio Zapata: Corte declara ilegal toma del I. Nacional y acuerdo de Tohá con estudiantes

“La educación no es solamente un derecho, es un deber y los niños deben tener la posibilidad de continuar sus estudios sin que haya interrupciones de carácter arbitraria o ilegales”

A continuación les dejamos un interesante artículo de Patricio Zapata, abogado constitucionalista y académico de Derecho de la UC, que apareció hace dos años a raíz de la sentencia de la corte que declara ilegales las tomas de los colegios y en específico la del Instituto Nacional.

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“Las tomas como toda otra medida de fuerza no tienen cabida en el Instituto Nacional ni en ningún otro establecimiento educacional”. Con esta frase en su fallo, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago entregó ayer una potente señal para las futuras movilizaciones: desestimar las tomas calificándolas de “ilegales” y argumentando que “vulneran la libertad de enseñanza” y “el derecho a la educación”.

Esta resolución, que tuvo un voto disidente, fue tomada al acoger un recurso de protección presentado por padres y apoderados del emblemático recinto, en contra de la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Carolina Tohá; el rector del colegio, Fernando Pérez, y estudiantes del establecimiento. La razón de la acción interpuesta se debe a la serie de tomas que se han realizado en el Instituto y el protocolo que se acordó con todos los liceos de Santiago. Este consistía, entre otras cosas, en que se mantuvieran las medidas de seguridad en el establecimiento durante la toma y que esta hubiese sido votada por la mayoría de los alumnos, además de que se debía hacer una votación semanal para determinar la continuidad de esta medida. La primera ocupación se realizó el 23 de mayo, la que terminó en un incendio.

El hecho provocó un giro en la visión de la alcaldesa frente a las tomas en los colegios municipales, dado que cuando estaba en campaña señaló que no haría desalojos y tras el citado incidente comenzó a desocupar los liceos. De acuerdo con el fallo, “la participación estudiantil se puede manifestar de las más diversas formas tales como marchas, jornadas de reflexión con tal que no impliquen algún grado de fuerza o violencia que en especial en un establecimiento educacional donde se forman jóvenes no pueden ser admitidas”. De esta forma, la corte señaló que el municipio tiene “la obligación de garantizar la continuidad del servicio escolar”. Agrega que el protocolo acordado “no le quita su carácter de ilegal” y que “la materialización de una toma (…) no está permitida por la legislación”.

Define como un “contrasentido que se recurra a un mecanismo democrático (votación) para imponer una medida de fuerza (toma)”.

Así, el tribunal ordenó que los estudiantes deben abstenerse de organizar votaciones sobre tomas y dejar sin efecto el protocolo suscrito por el municipio y los alumnos. Se obliga también a Tohá a que, en caso de futuras ocupaciones de establecimientos, debe “adoptar oportunamente todas las medidas necesarias para (…) garantizar la continuidad del servicio educacional”.

Ruggero Cozzi, abogado que representa a los apoderados que presentaron el recurso, señaló que “la sentencia hace referencia a que al menos este año, hay que terminarlo con completa normalidad (…). Ellos (el municipio) son los primeros llamados a cumplir esta sentencia y si no lo hacen, estarían incurriendo en un incumplimiento de deberes flagrante y, eventualmente, en delito de desacato”.

El dictamen fue recibido con satisfacción por los padres que recurrieron a tribunales. “Puedo decir que el sentir generalizado de los apoderados es de aceptación y respeto por esta decisión, que no favorece sólo a los hijos de quienes presentamos la medida, sino a todo el alumnado”, indicó Alejandro Vera, uno de los apoderados.

El presidente del centro de alumnos, Cain Xavier Opazo, dijo que “nos parece que eso no va con el sentido republicano de nuestro colegio. Creemos que se están poniendo nuestras decisiones a nivel de decisiones terroristas. La toma, así como cualquier movilización, responde a algo político y social, no a algo judicial y, por lo mismo, nosotros vamos a tomar acciones que serán evaluadas por todos los alumnos y veremos cómo apelar”, agregó.

En un comunicado, la Municipalidad de Santiago indicó que aún no han sido notificados y que “en tanto se evalúe el alcance de este fallo, el gobierno comunal se pronunciará respecto de los pasos a seguir”.

PARA ENTENDER

-Finalizando el primer semestre, un grupo de apoderados presentó un recurso de protección, para evitar las tomas.

-Su intención era que, por medio de la justicia, se garantizara el derecho de los alumnos de asistir a clases.

-A casi un mes, la justicia falló a favor de los padres, aunque la municipalidad, sostenedora del IN, puede apelar.

“Fallo recuerda ciertas responsabilidades”

Para el abogado constitucionalista Patricio Zapata, con este fallo “la corte les recuerda a las autoridades del colegio y del municipio ciertas responsabilidades que tienen, pero en la práctica van a tener que ser esas autoridades las que busquen las formas, los métodos para cumplir con esos deberes”. El académico de Derecho de la UC señala que esta resolución “está en la línea de los espacios de intervención que tiene un tribunal”. Respecto del fondo, añadió que “la corte no está diciendo que haya que expulsar a los que convocan una toma, tampoco que haya que llevar a la fuerza pública cada vez que haya una. La educación no es solamente un derecho, es un deber y los niños deben tener la posibilidad de continuar sus estudios sin que haya interrupciones de carácter arbitraria o ilegales”. Consultado si este fallo entrega una señal respecto de poner el derecho a educación por sobre el de expresión, dice “que no cree que la corte haya puesto un bien sobre otro. El fallo sentará una precedente si es ratificado por la Corte Suprema”.

-“Me parece que es un elemento interesante (el fallo) si se ratifica por parte de la Corte Suprema”. Patricio Zapata Abogado constitucionalista.

-“Las tomas son un acto de fuerza”

La presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, coincidió con la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la alcaldesa Carolina Tohá impedir nuevas tomas del Instituto Nacional, luego de acoger un recurso de protección presentado por padres y apoderados. “Las tomas son un acto de fuerza, tal como dice el fallo. Se ha pretendido que las tomas sean una manifestación de la libertad de expresión, lo que no es correcto, la libertad de expresión da derecho a representar a voluntad, pero no puede ser sobre la base de apropiarse de un inmueble de propiedad municipal o del sostenedor del establecimiento”, señaló. De esta forma, Feliú indicó que, “entonces coincido 100% con la decisión de la Corte de Apelaciones”. Consultada si esta resolución es una señal potente por parte del Poder Judicial, dijo que “está muy bien, las tomas son un acto de fuerza, como lo dice la corte, son acciones ilegales. Los jueces son autónomos y resuelven según lo que ellos estimen, pero este es un fallo muy importante”.

-“Las tomas son un acto de fuerza, tal como dice la Corte de Apelaciones de Santiago”. Olga Feliú, presidenta Colegio de Abogados.

-Aces y Cones criticaron medida judicial

Los dirigentes secundarios criticaron el fallo de la justicia, que prohíbe las tomas en el Instituto Nacional. El vocero de la Cones, Tomás Leighton, planteó que es “riesgoso que se pretenda prohibir así las tomas” y añadió que “deben ser votadas democráticamente al interior de los colegios, con la participación activa de todos los estamentos”. En tanto que la vocera de la Aces, Lorenza Soto, dijo que “las voluntades de movilización quedan ultrajadas y nos parece horrible que se tome una medida de esta forma, tan antidemocrática”, y dijo que el fallo “vulnera la democracia interna de las comunidades escolares. Soto añadió que “creemos que será una realidad de ahora en adelante que el gobierno va a reprimir y criminalizar el movimiento estudiantil”. Mientras que el diputado y ex dirigente estudiantil Gabriel Boric señaló, con respecto al fallo, que “las movilizaciones no se pueden prohibir ni por decreto ni por sentencia ni por el legislador ni por un juez”. El parlamentario independiente añadió que “nadie que decida ir a toma lo va a dejar de hacer por una sentencia que diga que es ‘ilegal'”. Consultado respecto de que los alcaldes tendrían con este fallo una herramienta para desalojar colegios que estén siendo ocupados, Boric planteó que “esa decisión va a seguir siendo política, eso no cambia por una corte”.

-“Al menos este año, hay que terminarlo con completa normalidad”. Ruggero Cozzi Abogado.

-“El sentir generalizado de los apoderados es de aceptación y respeto por esta decisión”. Alejandro Vera Apoderado.

-“Creemos que se están poniendo nuestras decisiones a nivel de decisiones terroristas”. Xavier Opazo Presidente Cain.

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