Nueva toma en el Instituto Nacional: El fallo de la Suprema que obliga a la alcaldesa Tohá a asegurar que se impartan clases

En la anterior movilización de 2014, el máximo tribunal estableció que es un “acto de fuerza” y un “comportamiento antijurídico que no respeta los derechos de los demás, aun cuando su materialización hubiere sido promovida por una mayoría de los estudiantes”.

Publicado el 26.05.2016

El 4 de noviembre de 2014 la Corte Suprema declaró ilegal el paro que realizaron durante un mes y medio estudiantes delInstituto Nacional, pero ayer en la tarde los alumnos volvieron a paralizar el establecimiento.

El 66% de los estudiantes aprobó la toma, según informó el presidente del centro de alumnos, Roberto Zambrano, quien alega que la Presidenta Michelle Bachelet no consideró las demandas estudiantiles en su cuenta pública del 21 de mayo pasado.

Los alumnos le exigen al gobierno la desmunicipalización efectiva, cambiar el sistema de financiamiento de los colegios públicos y entregar gratuidad universal en la educación superior.

El Instituto Nacional se sumó a otros ocho colegios que también están en toma en las comunas de Providencia y Santiago: José Victorino Lastarria, Carmela Carvajal de Prat, Liceo Siete de Niñas, Tajamar, Arturo Alessandri Palma, Aplicación,Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Siete de Santiago.

El contundente fallo de la Suprema contra los paros

En su fallo, caratulado en el ROL 23540-2014, la Corte Suprema dejó de “manera clara, tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, que la toma de una escuela es, por definición, un acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse”.

El máximo tribunal estableció que  las tomas son “antijurídicas” porque “no respetan los derechos de los demás, aun cuando su materialización hubiere sido promovida por una mayoría de los estudiantes. En efecto, la plausibilidad de los motivos que se invoquen para explicar o justificar el apoderamiento de un establecimiento educacional no puede tornar en lícitas las vías de hecho a las que se acude con tal propósito”.

La Corte Suprema falló que “no se debe confundir la licitud de la protesta social, que como la mayoría de las expresiones públicas de la ciudadanía puede ser relevante para generar debates en la opinión pública, con el empleo de mecanismos que se caracterizan por el uso de la fuerza y, que en este caso, vulnera el derecho de los estudiantes a recibir educación, y el de sus padres, de que ésta les sea impartida a sus hijos”.

Abogado querellante: “La Municipalidad tiene que garantizar las clases”

 

Tomás Henríquez, director de la ONG Comunidad y Justicia y uno de los abogados que representó a los apoderados que ganaron el recurso de protección, enfatiza que la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, y el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, deben asegurar la prestación del servicio educativo, “pues de lo contrario estarían en desacato del fallo de la Corte y serían eventualmente responsables por sus omisiones”.

El abogado explica que los apoderados que se sienten afectados pueden hacer valer sus derechos ante dichas autoridades y ante la Superintendencia de Educación, y que aunque el 99% de los estudiantes vote por la huelga se debe respetar a los que sí quieren estudiar.

“Los apoderados tienen que presionar a la alcaldesa Tohá y al rector del instituto porque la baja de la toma depende de ellos, y tiene que garantizar las clases. También pueden presentar recursos de protección para que se asegure el servicio educativo y se respete el imperio de la ley”, señala Henríquez a “El Líbero“, quien agrega que el fallo establece que el rector es responsable ante los padres y alumnos de tomar todas las medidas necesarias para continuar las clases.

La ambivalente postura de Tohá en las tomas

La alcaldesa Tohá ha tenido más de una postura respecto de las tomas en las escuelas públicas. En agosto de 2014 dijo que le están “haciendo mal a la educación pública, nunca las hemos avalado”, mensaje que reiteró en radio Cooperativa: “Nosotros no somos partidarios de las tomas; somos partidarios de hacer todo lo que los recursos legales nos permiten para desactivar las tomas”.

Sin embargo, pocos meses antes, cuando el Instituto Nacional acababa de ser retomado tras el incendio que se produjo en una de sus bodegas, Tohá pasó, en menos de 48 horas, de prohibir todo intento de toma a señalar que “vamos a respetar movilizaciones donde los alumnos se hagan responsables y haya votaciones válidas y con quórums adecuados. En ese caso vamos a excluir el desalojo”.

Además, la entonces directora de educación de Santiago, María Luisa Rivera, aseguró en abril de ese mismo año que “en nuestro municipio está institucionalizado el hecho que las tomas son legales si se votan, con un quórum calificado obviamente y respetando la mayoría en forma democrática”.

El impacto de las tomas en la calidad del Instituto Nacional

Las continuas paralizaciones en el emblemático liceo han impactado en su calidad educativa.

Desde 2011, el año en que se agudizaron las protestas estudiantiles, los alumnos del liceo más emblemático del país han perdido 372 días de clases por diferentes movilizaciones y paros, lo que equivale a casi un año y medio académico (53 semanas).

En 2011 los institutanos perdieron 195 días de clases, en 2012 otros 18 días, en 2013 fueron 34 días, en 2014 sumaron 35 días y el año pasado un total de 90 días por el paro docente.

Precisamente esta generación, que en 2011 estudiaba en octavo básico, llevará en sus espaldas la “culpa” de haber permitido que el instituto fundado en 1813 perdiera su histórico liderato del mejor ranking en los exámenes de prueba de selección universitaria.

Ello, porque por primera vez en su historia, el Instituto Nacional perdió el primer lugar como el colegio municipal que tenía el mejor promedio en la PSU. En 2013 tuvo 671,9 puntos, en 2014 cayó a 663 puntos y el año pasado volvió a caer a 657,8 puntos, cediendo el primer lugar al liceo Augusto D’halmar de Ñuñoa.

Los puntajes nacionales también se han desplomado, porque si en 2010 lo alcanzaron 54 alumnos, la cifra cayó a 20 en 2014 y apenas seis en 2015. Lo mismo ha ocurrido con las postulaciones para llenar los 4.400 cupos que cayeron en 35%, producto, entre otros factores, de las continuas paralizaciones que afectan a la institución, y que sólo el año pasado generaron destrozos por $39 millones y más de un mes de pérdida de clases.

Adicionalmente, las mediciones del Simce en 8vo básico del Instituto Nacional en comprensión de lectura y matemáticas cayeron ocho y cuatro puntos, respectivamente, entre 2014 y 2013. Lo mismo pasó con el segundo medio en lectura, que pasó de 329 puntos en 2012 a 310 en 2014. En matemáticas ocurrió la misma tendencia, variando de 356 puntos a 346.

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