Atención, que no le pasen gato por libre con el borrador del manual de convivencia

Preocupación ha causado el borrador que desde hace una semana está publicado en la web del colegio.

Preocupación porque en su elaboración se han eliminado las sanciones que el actual Manual de Convivencia establece en caso de interrupción de clases y de usurpación de un bien como lo es un colegio. Recordemos que este tipo de medidas vulneran el derecho a la educación y en vez de defender la “educación pública” sólo han reforzado la pérdida de matricula que va a parar a los colegios subvencionados.

Tratando de buscar una explicación coherente a esta omisión, se consultó a quienes participan en la elaboración de este borrador y la respuesta fue: la ley de inclusión.

Según un colaborador del CEPA A0 indicó que, “la ley de inclusión impide establecer sanción de expulsión en el manual de convivencia por una medida de presión política como es una toma…es un tema legal y no de voluntad de los padres..segundo…el pensar distinto no es un delito aunque algunos murieron por ello en la historia reciente del país...”

Sin embargo, al revisar la “Ley 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO”, en lo referente a la expulsión de un alumno, dice:

“Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.”.

En otra parte dice:

“No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Ahondando más:

“La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.”

Que no nos confundan

La ley de inclusión prohíbe que se expulse a alumnos por razones políticas o ideológicas. Esto debe entenderse dentro del marco de los derechos que tienen todas las personas, sean alumnos o no. Un estudiante tiene derecho a tener sus propias ideas políticas y a opinar, en resguardo del derecho de los demás. Pero, tal como lo dijo la Corte Suprema en el fallo del 2014, una toma es un acto de violencia y fuerza ilegítima e ilegal que no se encuentra amparado por los derechos de libertad de expresión o de conciencia.

La expulsión, entonces, no es porque el alumno piensa distinto. Es porque de forma violenta y arbitraria prohibió a sus compañeros poder estudiar. No se castiga que el alumno crea que se debería tomar el colegio. Ni siquiera se prohíbe o sanciona que se vote esa medida. El castigo viene al acto específico de tomar el colegio.

Pensar distinto no es un delito. Pero pasar por encima de los derechos de los demás si es una falta grave a la convivencia escolar que debe ser sancionada, para que todos podamos convivir en paz.

En resumen

El actual Centro de Padres y Subdirector de Convivencia Escolar o están muy mal asesorados o quieren hacerle creer a la comunidad escolar que la ley de inclusión es argumento para haber eliminado las sanciones del borrador del manual de convivencia escolar. Eso no es verdad.

Más parece ser que se está buscando la impunidad total para aquellos alumnos que lejos del espíritu institutano y republicano, quieran insistir en medidas de fuerza ilegales como las tomas. Pretenden dar carta blanca para que, sin temor más allá de una simple y mísera anotación negativa, los alumnos puedan pasar a llevar a la autoridad del colegio, y de paso no respetar la sentencia de la Corte que señala que debe evitarse la ocurrencia de estos hechos que no sirven para nada.

La ley es clara: “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar”.

Obviamente si en el borrador eliminaron dichas sanciones, el Rector no podrá aplicarlas exista o no la Ley de Inclusión.

Que no nos mientan. El borrador del nuevo Manual de Convivencia así como está, es un fraude.