Amplio rechazo a las tomas de colegios

Es un paso positivo que autoridades que antes fueron complacientes con acciones de esta naturaleza ahora reconozcan que no cabe alentarlas

LOS DESTROZOS que se han observado en los liceos que acaban de ser objeto de tomas y el vandalismo que nuevamente ha aflorado con ocasión de las marchas estudiantiles, al parecer han llevado a un punto de saturación y despertaron un amplio rechazo, incluso de sectores que tradicionalmente alentaban este tipo de presiones. Sería un paso altamente positivo que se esté produciendo un punto de inflexión y se tome conciencia sobre los enormes perjuicios que las tomas provocan en la calidad de la educación y en el deterioro del patrimonio público.

El cuadro de desorden generalizado que hoy se advierte en materia de movilizaciones es también la consecuencia de haber permitido que las tomas proliferaran en los últimos años en total impunidad. Con ello se validó que la “protesta social” prevalecía sobre cualquier otra consideración, incluso sobre el derecho a la educación de aquellos que no tenían interés en participar de estas movilizaciones. La idealización exacerbada de las manifestaciones estudiantiles derivó en actitudes irresponsables, que probablemente hoy será difícil de contener, pero cuando menos es un primer paso la disposición a condenar las tomas y no alentarlas.

La propia alcaldesa de Santiago señala ahora -a propósito de los destrozos en el INBA- que “tengo claro que no hay ninguna forma de tratar una toma que no sea desalojo inmediato”, afirmación que contrasta con lo que pensaba hace sólo algunos años, cuando estimaba que el “desalojo” debía ser la última opción, incluso validando que si los propios estudiantes votaban democráticamente una  toma, tal decisión se debía respetar. La propia autoridad ahora solicita que los Consejos Escolares se constituyan para neutralizar este tipo de acciones. Puesto que los alcaldes son los sostenedores de los colegios públicos, es relevante que de su parte no se envíen señales equívocas y se proceda con firmeza cada vez que existan alteraciones de esta naturaleza. Lo propio cabe esperar en el ámbito universitario, donde algunos rectores y autoridades académicas han preferido eludir sus obligaciones, permitiendo que las tomas ocurran en total impunidad, lo que deteriorará aún más la educación pública.

La Intendencia Metropolitana también debería aclarar sus responsabilidades. Se ha conocido el antecedente de que algunos municipios solicitaron el desalojo hace más de 20 días, pero la Intendencia instruyó actuar a la fuerza pública esta semana. Se justifica señalando que los requerimientos le habrían llegado formalmente hace sólo unos días. Cabría investigar las razones de este desfase, pero la autoridad metropolitana no debería escudarse en cuestiones  administrativas para cumplir con su obligación y actuar cuando se tiene evidencia de que se está pasando a llevar la ley.

Aunque los desalojos de establecimientos han sido fuertemente resistidos por los sectores estudiantiles más radicalizados, con ello se está dando una señal orientadora  precisamente para que los disensos se puedan expresar de manera pacífica y sin afectar gravemente los derechos de la comunidad estudiantil. En ese marco, los apoderados también tienen un rol fundamental en la educación de sus hijos, y por ello resulta acertado el criterio de que a través del Consejo de Defensa del Estado se busque que asuman los costos de las reparaciones cuando sus hijos cometen vandalismo. La familia tiene un papel formativo indispensable, que no resulta posible eludir y es sano que se busque hacer efectivo.

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